Columna: Radar Legal

Escribe: Karol Boza

La reciente sentencia dictada contra la empresa Alpha Consult S.A. marca un precedente histórico en el sistema jurídico peruano: por primera vez, una persona jurídica ha sido condenada por el delito de lavado de activos, en aplicación del marco normativo previsto en la Ley N.º 30424, “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”. Esta norma, diseñada para reforzar el régimen anticorrupción y promover el buen gobierno corporativo, comienza a consolidarse como un instrumento efectivo en el plano judicial, pasando de un enfoque preventivo teórico a una aplicación concreta con consecuencias reales.

Desde una perspectiva profesional y técnica, este fallo no sólo inaugura una nueva etapa en el enforcement penal corporativo en el Perú, sino que evidencia la urgente necesidad de que las empresas adopten y gestionen activamente Modelos de Prevención de Delitos (MPD). Estos modelos deben estar alineados al núcleo operativo del negocio, ser funcionales, actualizados y eficaces. El tiempo de los programas de compliance “de papel” ha terminado. Hoy, la legislación exige modelos preventivos medibles, dinámicos y transversales a toda la estructura organizacional.

Este caso también revela la creciente influencia de los estándares internacionales —especialmente europeos y norteamericanos— donde el compliance no solo es  una alternativa reputacional, sino una línea de defensa estructural para la empresa frente a los riesgos penales. En un entorno empresarial altamente regulado y competitivo, donde las contingencias legales se entrelazan con riesgos reputacionales, operativos y financieros, el cumplimiento normativo ha dejado de ser una opción. Se ha convertido en un imperativo estratégico para la continuidad del negocio y la protección de sus órganos de dirección.

El verdadero cumplimiento efectivo no se limita a la implementación formal de políticas o códigos. Implica una visión integral que blinda las operaciones, protege los activos intangibles como la marca y la reputación, y alinea la estrategia empresarial con los principios ESG (Environmental, Social and Governance). Estos criterios no solo evalúan el impacto de la empresa sobre su entorno, sino que hoy son determinantes para su sostenibilidad, acceso a inversión, y legitimidad frente al mercado y a la sociedad.

En este contexto definido por normativas cada vez más exigentes, fiscalización creciente y stakeholders con altas expectativas éticas— los programas de cumplimiento se consolidan como una condición sine qua non para la supervivencia empresarial. Esta obligación no es únicamente ética o reputacional: es también jurídica. El artículo 170° de la Ley General de Sociedades establece la responsabilidad solidaria de los directores por actos contrarios a la ley o al estatuto realizados con su conocimiento o consentimiento. Por tanto, el compliance también cumple un rol de protección legal personal para quienes ejercen funciones de gobierno corporativo.

La reciente modificación de la Ley N.º 30424 ha reforzado esta tendencia al establecer con mayor claridad las obligaciones de prevención en las personas jurídicas. Hoy, los riesgos penales corporativos colocan en el centro de la gestión a directores y gerentes. Aquellos que antes lideraban desde una perspectiva exclusivamente financiera, hoy deben incorporar una visión integral del riesgo penal y de la debida diligencia. El compliance ha dejado de ser un complemento administrativo para convertirse en un eje estratégico y legal de la gestión empresarial moderna.

Cabe destacar que, en el caso concreto de Alpha Consult S.A., la empresa contaba con certificaciones internacionales como ISO 9001 (gestión de calidad), ISO 14001 (gestión ambiental), ISO 45001 (seguridad y salud ocupacional) e incluso la ISO 37001 (sistema de gestión antisoborno). Sin embargo, pese a estas acreditaciones, no contaba con un Modelo de Prevención de Delitos implementado bajo los estándares de la Ley 30424. No se habían identificado ni gestionado adecuadamente los riesgos penales, en particular los vinculados al lavado de activos, y no existía un sistema de control interno robusto ni mecanismos efectivos de supervisión y monitoreo.

Este vacío estructural evidencia una realidad que muchas organizaciones aún desconocen o minimizan: tener certificaciones internacionales no exime de responsabilidad penal si no existe un modelo específico, funcional y eficaz de prevención de delitos.

Por ello, resulta indispensable que los MPD incluyan como mínimo:

• Identificación clara de los riesgos penales relevantes (corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros);
  
• Nombramiento de un oficial de cumplimiento con autonomía y autoridad suficiente;
  Políticas internas y controles específicos orientados al core del negocio;
  
• Capacitaciones continuas y específicas al personal en todos los niveles;
  
• Y, sobre todo, una cultura organizacional basada en la integridad, la transparencia y la legalidad.
  
  

La Ley N.º 30424 establece que, si una empresa implementa un modelo de prevención de delitos antes de la comisión del delito, puede obtener una reducción de la sanción o incluso la exoneración de responsabilidad penal. Pero para acceder a estos beneficios, el modelo debe ser más que una formalidad: debe ser real, funcional y probado.

En suma, el caso Alpha Consult S.A. constituye una advertencia contundente para el sector empresarial peruano. No basta con implementar un programa de cumplimiento; es necesario construir una verdadera cultura de integridad, con liderazgo desde la alta dirección y compromiso transversal. El futuro del compliance no es reactivo, sino preventivo, y será sin lugar a dudas el nuevo lenguaje de la sostenibilidad empresarial en el siglo XXI.

Biografía

Karol Boza. Abogada con Máster en Derecho de Empresarial por la Universidad de Lima. Especialista en derecho corporativo y regulación, analiza el impacto normativo en el sector empresarial con un enfoque crítico y aplicado. Sus columnas abordan temas de derecho económico y regulatorio, ofreciendo una visión especializada sobre el entorno legal y sus implicancias en los negocios.